El vocero en la zona de la Red Nacional de Humedales, Tomás Pizarro, calificó de gravísimo el daño que se está causando al entorno natural del área, situación que han denunciado desde hace tres años, tanto a entidades gubernamentales locales, regionales, la Contraloría General de la República, entre otras.

 Fuente: El LLanquihue

Pese a que en enero de este año fue promulgada la Lay de Humedales Urbanos, instrumento que brinda protección a estos ecosistemas, en Puerto Montt -según denuncias ciudadanas- continúan con la intervención indiscriminada de estos espacios bajo la aparente indiferencia de autoridades y entidades destinadas a velar por su cuidado.

Tal como se denunció recientemente en Puerto Varas, ahora es el caso del gran humedal ubicado en Valle Volcanes, Puerto Montt, conformado por cinco lagunas y numerosos bosques nativos, los que han sido total o parcialmente destruidos por empresas inmobiliarias para la ejecución de proyectos residenciales.

El vocero en la zona de la Red Nacional de Humedales, Tomás Pizarro, calificó de gravísimo el daño que se está causando al entorno natural del área, situación que han denunciado desde hace tres años, tanto a entidades gubernamentales locales, regionales, la Contraloría General de la República, así como a empresas fiscalizadoras de la ciudad.

“Desde 2018 hemos estado formulando demandas porque las empresas inmobiliarias han actuado de facto en la transformación completa de todo ese ecosistema. Cualquier proyecto inmobiliario requiere de estudios previos, esto tiene que ver con modificación de cauces, intervención en masa boscosa y cambio de uso de suelo. Entonces, si se va a construir en un suelo: se debe indicar que ese suelo va a ser modificado para proyectos inmobiliarios; si hay presencia de cuerpos de agua, se debe autorizar su modificación, intervención o manejarlos en beneficio del proyecto; y el tercero que se refiere a intervención de masa boscosa. Pues estas empresas están trabajando con un permiso de instalación de faenas nada más, pero han ido avanzando en sus proyectos y han ido solicitando permisos sobre la base de no haber presentando el conjunto de informes previos, por lo que el punto de partida de estos planes ha sido absolutamente doloso” argumentó.

No solo efectos directos tiene la ejecución de planes residenciales en el área, sino que, por ejemplo tres de las cinco lagunas existentes corren hacia el río Maullín, declarado Santuario de Naturaleza. Además, todos los espacios acuáticos presentes allí se comunican entre sí, de forma superficial o vía subterránea y los desplazamientos de tierra estarían provocando un corte irreversible en este enlace natural, cuta extensión es superior a las 100 hectáreas. Uno de estos cuerpos acuáticos (Laguna Mansa), fie integrada al entorno urbano.

“Esta modificación de cauces es ilegal absolutamente, los permisos de la Dirección General de Aguas no fueron otorgados para cambiar esos cauces y transformar los esterillos que desaguan hacia el Maullín. Toda la situación la hemos denunciado Dirección General de Aguas (DGA), Servicio Agrícola Ganadero (SAG), Corporación Nacional Forestal (CONAF), Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), Dirección de Obras Municipales (DOM), Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), Seremi de Medio Ambiente, a la Gobernación Provincial y , finalmente, a la Contraloría General de la República, que se encarga de velar por el debido proceso administrativo. Hemos informado sobre las omisiones por parte de los funcionarios que han fiscalizado el fiel cumplimiento de las normas. En todas estas instancias y la devastación persiste”, detalló.

Pizarro recordó que desde 2014 han hecho reclamos para la preservación de humedales como el Llantén en Jardín Austral y el humedal Antiñir (La Paloma).

Todas las agrupaciones que estamos vinculadas a los humedales en Puerto Montt participamos en la propuesta de ley, y los 23 humedales urbanos que existen fueron identificados, caracterizados y están bajo la protección de instrumento legal. La municipalidad pudo presentar este conjunto de espacio a la Seremía de Medio Ambiente y gozan de resguardo”, apuntó.

Daño impagable

Por su parte, el presidente de la Agrupación por los Humedales y Entornos Naturales (GAYI), David Hinostroza, aseveró que las multas aplicadas por organismos a las inmobiliarias no reparan el perjuicio, en muchos casos irreversibles, a los ecosistemas de estos espacios naturales.

“En total se han cursado multas sobre los 12 millones de pesos, aproximadamente, en el sector. Las sanciones tienen que ir más allá de un factor económico. Estamos muy preocupados por la manera tan irracional en que se degradan estos lugares de valor incalculable para la vida humana, este lugar presenta una rica biodiversidad y especie protegidas por ley, como el alerce y otras en riesgo de extinción como el galaxia maculatus (puye, especie de pez). Estos lugares presentan un servicio ecosistémico que reportan beneficios directos o indirectos a la humanidad, entre los que se encuentran purificación del aire, regulación microclimática, reducción de ruidos, drenaje de aguas lluvias, regula inundaciones y un lugar para recreación”, resaltó.

El representante alertó a la comunidad para que esté atenta y participe en estas denuncias ya que, además de todo lo mencionado, aspectos como el cambio de cursos de agua, está directamente relacionado a las inundaciones urbanas. También mencionó a las principales compañías que estarían cometiendo las infracciones y las penalidades a las que han sido sometidas sin mayores consecuencias.

“En Valle Volcanes están operando las inmobiliarias El Olmo, de Enaco; Aconcagua y Rossan Limitada. Últimamente se incorporó la inmobiliaria Pocuro, lo que nos tiene profundamente preocupados por los terribles antecedentes de sus intervenciones, como lo sucedido en Trapén, donde pobladores tuvieron que levantarse y protestar directamente contra ellos. A través del servicio de Transparencia pudimos conocer la solicitud de proyecto de esa empresa”, acotó.
Aunado a esto, Hinostroza informó que parte de la ladera de Valle Volcanes se está transformando en un vertedero de materiales y restos de talleres mecánicos, además de otros desperdicios sólidos por lo que instó a la supervisión y recorrido de estos terrenos.

“Vale destacar que la DGA ha sido una de las instituciones públicas más receptivas y ha acogido nuestras denuncias, pero para las demás instituciones: SAG, Sernapesca, Serviu Medio Ambiente, Intendencia y Gobernación solo se han limitado a observar, pese a que nuestras denuncias se están generando desde hace varios años”, añadió.

El vicepresidente de la agrupación ambientalista, Washington Vera, refirió que la institución constató la existencia de más de 40 arbolitos de alerce y en una inspección realizada recientemente apenas encontraron cuatro. “La empresas no envían la veracidad de sus proyectos, todo lo califican como maleza, no señalan esteros, humedales ni tocones y mientras esto siga ocurriendo, los desastres aumentarán”.

El equipo reportil de El Llanquihue solicitó a las empresas señaladas, vía correo y contacto telefónico, información relacionada a las denuncias, pero no se obtuvieron respuestas oportunas de ninguna de ellas.